FAQS: Preguntas y respuestas más habituales

Encontrará a continuación una selección de las preguntas y dudas más habituales que se suscitan a nuestros clientes. Si no encuentra lo que busca, o desea profundizar en algún tema especialmente, utilice nuestro formulario: le aseguramos una pronta respuesta.

El número 2 del Artículo veintidós de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, estipula que el tomador de la póliza (la persona que ha contratado el seguro) puede oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la aseguradora efectuada en el plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.

En relación al aumento de la prima, pueden darse dos supuestos diferentes:
- La modificación de la prima está prevista en el contrato, determinando su importe o, al menos, los medios automáticos para su cálculo (las pólizas de hogar, comercio y comunidades, por ejemplo aplican un índice de revalorización de capitales explicitado en el contrato, mientras que las pólizas de automóviles prevén un sistema de recargos y descuentos en función de la siniestralidad). En estos casos se está ejecutando el contrato, y por tanto no requiere una nueva aceptación del tomador puesto que prestó su consentimiento al suscribir el seguro inicialmente.
- La modificación de primas no está prevista en contrato. En este caso el nuevo precio debe ser aceptado por el tomador del seguro en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Seguro. En el supuesto de que el aumento de prima se produzca para el nuevo periodo de cobertura, la entidad aseguradora deberá comunicar al tomador del seguro el incremento con dos meses de antelación a la finalización del contrato (plazo previsto en el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro para la prórroga del contrato). En caso de que el asegurado no acepte la subida de la prima, la entidad podrá negarse a prorrogar el contrato para el siguiente periodo de cobertura.
Si no se respeta el plazo de dos meses, la subida de primas no podrá aplicarse sin el consentimiento del tomador, y por tanto la entidad deberá respetar la prima del periodo anterior.
Hasta el vencimiento del periodo en curso, la compañía no podrá rescindir el contrato ante un eventual rechazo del aumento de prima no previsto en el contrato, por parte del tomador.
Por tanto, no se trataría de rechazar, por parte del tomador (la persona que ha contratado el seguro), la renovación del contrato, sino de exigir a la compañía el mantenimiento del precio del período anterior de no haberse producido por parte de la aseguradora una notificación en tiempo y forma del incremento de precio.

Si el impago es por culpa del tomador (la persona que ha contratado el seguro), según el Artículo quince de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir la prima debida en vía ejecutiva; si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, salvo pacto en contrario, el asegurador quedará liberado de sus obligaciones.

Si el impago es por culpa del tomador (la persona que ha contratado el seguro), según el Artículo quince de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, la cobertura que ofrezca el seguro queda suspendida un mes después del día de su vencimiento (del vencimiento de la obligación), o dicho de otra manera, se dispone de un mes para pagar la prima y mientras tanto la póliza sigue en vigor, por lo que si se produce un siniestro durante ese intervalo de tiempo, con el pago de la prima la aseguradora deberá cumplir con sus obligaciones. Un mes después del día de su vencimiento, si la prima continúa impagada la cobertura del asegurador queda suspendida y la cobertura solo volverá a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pague la prima debida, siempre y cuando el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido. Señalar que el referido Artículo de la Ley 50/1980 también estipula que si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido y dice, igualmente, que, en cualquier caso, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

Si el impago es por culpa del tomador (la persona que ha contratado el seguro), según el Artículo quince de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, la cobertura que ofrezca el seguro queda suspendida un mes después del día de su vencimiento, o dicho de otra manera, se dispone de un mes para pagar la prima y mientras tanto la póliza sigue en vigor, por lo que si se produce un siniestro durante ese intervalo de tiempo, con el pago de la prima la aseguradora deberá cumplir con sus obligaciones. Un mes después del día de su vencimiento si la prima continúa impagada, la cobertura del asegurador queda suspendida y la cobertura solo volverá a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pague la prima debida, siempre y cuando el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido. Señalar que el referido Artículo de la Ley 50/1980 también estipula que si el asegurador no reclama el pago de la prima dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido y dice, igualmente, que, en cualquier caso, cuando el contrato esté en suspenso, la aseguradora sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

En principio no, salvo que el contrato de seguro que se haya suscrito o las normas de contratación de la compañía aseguradora indique otra cosa. Por las siguientes razones:

El contrato de seguro supone el traslado del riesgo del asegurado al asegurador, de forma que la prima se devenga al comienzo de la duración del contrato y cubre el riesgo de siniestro por el plazo estipulado.

La prima es indivisible puesto que el asegurador soporta el riesgo total en cada instante de duración del contrato, y no por fracciones de tiempo. Este principio implica que la prima se debe y corresponde al asegurador por entero durante todo el periodo convenido como duración del contrato, aunque el pago se realice de forma fraccionada por acuerdo entre las partes (ya sea mensual, trimestral etc..). Así, si se da la circunstancia de que se produzca un siniestro total o una baja del objeto asegurado ya sea por transmisión o por cualquier otra causa con la consiguiente desaparición de éste, el tomador debe las primas fraccionadas pendientes de pago, y en el caso de haberlas pagado al inicio del período ningún derecho le asiste a recuperar determinada parte de la misma.

No obstante, se informa que lo anterior no es obstáculo para que en caso de acuerdo entre las partes se adopte una solución diferente, como la de aplicar la prima no consumida a un nuevo seguro. Así algunas entidades aseguradoras suelen insertar en sus pólizas o prever en sus normas de contratación una cláusula en la que en caso de desaparición o transmisión del objeto asegurado durante el período de cobertura, mantienen la prima no consumida durante un tiempo con la finalidad de que el asegurado aplique dicho importe al aseguramiento de un nuevo objeto. 

La existencia de una cláusula contractual o de una norma como la anterior en ningún caso supone una conducta ni abusiva ni limitativa de los derechos del asegurado por parte de la entidad asegurada.

En consecuencia, en caso de extinción del contrato con anterioridad a la finalización del periodo de duración del mismo, la parte de prima no consumida se debe al asegurador, salvo que en la póliza se disponga otra cosa o la aseguradora consienta de otra forma por voluntad propia.

En principio no, salvo que el contrato de seguro que se haya suscrito o las normas de contratación de la compañía aseguradora indique otra cosa. Por las siguientes razones:

El contrato de seguro supone el traslado del riesgo del asegurado al asegurador, de forma que la prima se devenga al comienzo de la duración del contrato y cubre el riesgo de siniestro por el plazo estipulado.

La prima es indivisible puesto que el asegurador soporta el riesgo total en cada instante de duración del contrato, y no por fracciones de tiempo. Este principio implica que la prima se debe y corresponde al asegurador por entero durante todo el periodo convenido como duración del contrato, aunque el pago se realice de forma fraccionada por acuerdo entre las partes (ya sea mensual, trimestral etc..). Así, si se da la circunstancia de que se produzca un siniestro total o una baja del objeto asegurado ya sea por transmisión o por cualquier otra causa con la consiguiente desaparición de éste, el tomador debe las primas fraccionadas pendientes de pago, y en el caso de haberlas pagado al inicio del período ningún derecho le asiste a recuperar determinada parte de la misma.

No obstante, se informa que lo anterior no es obstáculo para que en caso de acuerdo entre las partes se adopte una solución diferente, como la de aplicar la prima no consumida a un nuevo seguro. Así algunas entidades aseguradoras suelen insertar en sus pólizas o prever en sus normas de contratación una cláusula en la que en caso de desaparición o transmisión del objeto asegurado durante el período de cobertura, mantienen la prima no consumida durante un tiempo con la finalidad de que el asegurado aplique dicho importe al aseguramiento de un nuevo objeto. 

La existencia de una cláusula contractual o de una norma como la anterior en ningún caso supone una conducta ni abusiva ni limitativa de los derechos del asegurado por parte de la entidad asegurada.

En consecuencia, en caso de extinción del contrato con anterioridad a la finalización del periodo de duración del mismo, la parte de prima no consumida se debe al asegurador, salvo que en la póliza se disponga otra cosa o la aseguradora consienta de otra forma por voluntad propia.

No, por las siguientes razones:

El contrato de seguro supone el traslado del riesgo del asegurado al asegurador, de forma que la prima se devenga al comienzo de la duración del contrato y cubre el riesgo de siniestro por el plazo estipulado.

La prima es indivisible puesto que el asegurador soporta el riesgo total en cada instante de duración del contrato, y no por fracciones de tiempo. Este principio implica que la prima se debe y corresponde al asegurador por entero durante todo el periodo convenido como duración del contrato, aunque el pago se realice de forma fraccionada por acuerdo entre las partes (ya sea mensual, trimestral etc..). Así, si se da la circunstancia de que se produzca un siniestro total o una baja del objeto asegurado ya sea por transmisión o por cualquier otra causa con la consiguiente desaparición de éste, el tomador debe las primas fraccionadas pendientes de pago.

Cosa bien diferente es que no se atienda el pago de los recibos y la compañía aseguradora decida no reclamar su pago.

El artículo treinta y cuatro de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguros, dice que en caso de transmisión del objeto asegurado, el adquirente se subroga en los derechos y obligaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior titular (se exceptúa el supuesto de pólizas nominativas para riesgos no obligatorios, si en las condiciones generales existe pacto en contrario). Por ello, el asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia del contrato del seguro de la cosa transmitida y una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por escrito al asegurador.

El asegurador, una vez que tiene conocimiento de la transmisión podrá mantener vigente el seguro con el nuevo propietario o podrá rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la transmisión, aunque en este caso el asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación, frente al nuevo adquirente, y además deberá restituir al nuevo propietario la parte de prima que corresponda a períodos de seguro, por los que, como consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

El adquirente de cosa asegurada, por su parte, también puede optar por rescindir el contrato, debe entonces comunicarlo por escrito al asegurador en el plazo de quince días, contados desde que conoció la existencia del contrato. En este caso, el asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

De producirse un siniestro en el que los daños materiales supongan la destrucción, desaparición o inutilización total del vehículo, la aseguradora considerará que ha desaparecido el riesgo asegurado y, en consecuencia, el contrato de seguro quedará extinguido desde la fecha de ocurrencia del siniestro (salvo para las prestaciones derivadas de dicho siniestro que, en su caso, queden amparadas por la póliza), sin derecho alguno de extorno de la prima no consumida. Ver también cuestión nº 7.

El artículo primero de la Ley 50/1980, de contrato de seguros, dice que el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Además, el párrafo segundo del artículo dieciocho de esa misma ley establece que “cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado”.

En conclusión, dentro de esas “otras prestaciones convenidas” del artículo primero se englobarían la reparación o la sustitución del bien siniestrado, por lo que habría que estar al condicionado de la póliza de seguro suscrita para ver cuáles son las obligaciones de la aseguradora. Así, en los seguros de hogar es habitual que la aseguradora repare o sustituya el bien dañado, mientras que en un seguro de automóvil lo habitual es reparar o indemnizar pero no sustituir el bien siniestrado.

La única obligación legal de la aseguradora es satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro.

Cuando nos planteamos contratar un seguro para la comunidad donde residimos, muchas veces también nos estamos planteando si podremos entonces prescindir del seguro del hogar o como se complementará con éste y, si en tal caso, su contratación podrá tener incidencia en el precio del seguro del hogar si evitamos duplicidades de coberturas entre ambos. El planteamiento es correcto pero hemos de dejar claro diversas cuestiones porqué, efectivamente, uno y otro pueden estar asegurando los mismos elementos del continente para las mismas garantías, aunque eso sí nunca el seguro de la comunidad dará ningún tipo de cobertura al contenido privativo de cada copropietario. Una primera conclusión, por tanto, es que una póliza de comunidad no dará cobertura ni a nuestro mobiliario, ni a los enseres y ajuar doméstico.

Como apuntábamos anteriormente, en el aseguramiento de una comunidad el continente privativo es parte integrante del continente de la comunidad, por lo que las garantías de daños del seguro de comunidad darán también, en general, cobertura a la vivienda de cada particular. Las excepciones a esta regla son las garantías de daños por agua proveniente de conducciones privadas, rotura de cristales y loza sanitaria de cada vivienda y restauración estética de la edificación particular, que casi siempre se habrán de contratar expresamente para las zonas privativas si se quiere dar cobertura por esos daños.

También deberemos tener presente, en primer lugar, que solo estará asegurado el valor del continente privativo original, excluyéndose en consecuencia las obras de mejora y, en segundo lugar, que las coberturas privativas de las pólizas de comunidad tienen limitaciones (por ejemplo, es habitual que no cubran los cristales interiores de las viviendas, aunque sean parte del continente y sean las de la edificación original, ni la loza sanitaria de la vivienda, aunque se considere, igualmente, continente y de la edificación original); además pueden haber pólizas con garantías comunitarias que excluyan expresamente dar cobertura a determinados elementos del continente, como puede ser el caso de excluir de la garantía de daños por robo las puertas de entrada a las viviendas. En conclusión, no deberemos perder de vista que la cobertura a elementos privativos en las pólizas de comunidad no es igual en todas las compañías, por lo que cuando se analicen conjuntamente las ofertas de póliza de comunidad y de póliza del hogar de varias compañías, se deberá prestar especial atención a las garantías privativas propuestas por cada una en sus condiciones particulares para tener una visión correcta de las coberturas. Sólo así, y tomando también en consideración lo expuesto en el párrafo anterior, podremos determinar de qué garantías podemos prescindir o qué elementos no hace falta asegurar en nuestra póliza de hogar. Hecha esa selección es cuando la prima del seguro del hogar se abaratará pero sin perder garantías y tranquilidad. Eso sí, en esa selección es imprescindible el asesoramiento de un profesional de la mediación.

Finalmente, también se ha de poner atención en el diferente tratamiento que hacen las compañías aseguradoras en los seguros de comunidad en lo que respecta a la responsabilidad civil entre copropietarios. Así unas compañías sólo cubren la responsabilidad civil por daños por agua procedente de conducciones privativas, y como consecuencia, no se da cobertura a otras responsabilidades entre copropietarios. En otras aseguradoras, se establece una responsabilidad inmobiliaria que incluye la derivada de daños por agua, mientras que hay algunas que incluyen una garantía específica de responsabilidad civil entre copropietarios para amparar la responsabilidad inmobiliaria de un copropietario frente a otro, pero los daños producidos por las conducciones privativas se atienden por la cobertura de daños por agua. En definitiva, tengamos bien claro cómo funciona en cada póliza la responsabilidad civil entre los copropietarios.

En suma, es posible complementar la póliza de hogar con la de la comunidad en lo que respecta a la protección del continente, pero ojo con dejar lagunas.

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